Contra el desalojo

“Nosotros no queremos ser usurpadores, pero necesitamos tener una solución habitacional para que nuestros pibes no vivan en la calle.” Lucía Soruco es madre soltera y convive con sus cuatro hijas y su nietita de 20 días en una única habitación del hotel porteño El Cid. Después de realizar un reclamo que duró poco menos de nueve horas, la mujer y las más de 40 familias que habitan el edificio de Constitución al 1700 ayer consiguieron que el gobierno de la ciudad se comprometiera a impedir su desalojo de la precaria vivienda.

La protesta de los habitantes de El Cid comenzó ayer cerca de las 11 en la puerta del hotel de Constitución y Entre Ríos. “Es un reclamo que venimos haciendo desde hace meses”, dijo a Página/12 Soruco. Un ejemplo: el 5 de agosto de 2009, el hotel fue allanado por la policía, incluso “con la presencia ilegal del grupo GEOF (Grupo Especial de Operaciones Federales), que con armas y pasamontañas en la cara rompieron todas nuestras cosas y nos pegaron frente a nuestros hijos, supuestamente para censarnos”, agregó Gregorio Bernal, inquilino desde hace tres años.

Luego del intento de censo, el dueño del hotel acusó a los inquilinos de usurpación. Según Soruco, “nosotros nos quisimos ir, pero la mayoría no tenemos trabajos fijos y como tenemos muchos chicos ningún otro hotel nos quiso recibir”.

A fines de enero, llegó una intimación judicial para que los habitantes abandonaran El Cid y “si no, nos desalojaban a la fuerza –dijo la mujer–. Desesperados, empezamos a realizar protestas frente a (la Secretaría) de Desarrollo Social”. Como las familias no recibieron respuesta alguna “para solucionar nuestro déficit habitacional, decidimos cortar Avenida de Mayo y Chacabuco, para que la ministra (María Eugenia) Vidal nos garantice una vivienda digna”, dijo con broca Soruco.

Recién cerca de las 17, los habitantes de El Cid pudieron reunirse con Facundo Ramos, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Fortalecimiento familiar de la gestión PRO, “pero sólo se comprometió a suspender por un tiempo el desalojo hasta que nos realizaran estudios socioambientales a cada familia. Después, todo está en veremos”, se quejó la mujer.

Informe: Mariana Seghezzo.

Miércoles 10 de febrero de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-139969-2010-02-10.html

Vecinos discriminados

“Empezaron a vender ‘falopa’ desde ahí y a meterse flacos como aguantadero para el robo”, dijo días atrás el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en alusión a los edificios de la traza de la ex AU 3, la autopista que nunca se construyó, a la altura de Villa Urquiza y Villa Ortúzar. A raíz de esas declaraciones, los vecinos que viven en ese sector presentaron una denuncia por discriminación ante el Inadi. “Macri nos acusa y agrede permanentemente. En realidad, lo único que le interesa es desalojar a los habitantes para poder hacer su negocio inmobiliario”, dijo Alberto Lacuesta, uno de los más de 50 vecinos que presentaron la denuncia “por injurias discriminatorias contrarias a las leyes, a la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Macri hizo esas declaraciones a un programa radial después de que la jueza Elena Liberatori suspendiera nuevamente los desalojos “administrativos y compulsivos” que la gestión PRO pretende llevar a cabo sobre las viviendas de un sector de la traza.

Sobre las declaraciones del jefe de Gobierno, la titular del Inadi, María José Lubertino, fue contundente: “Son declaraciones estigmatizantes. Generalizó a las personas de un barrio por el solo hecho de vivir ahí. Es como el muro que hizo el intendente Gustavo Posse en San Isidro”.

En declaraciones a una radio, el jefe de Gobierno se refirió a los vecinos de la ex AU 3 como “narcos” y “delincuentes”. “El puntero, el amigo, empezó a traer gente de todos lados (a esas viviendas)”, dijo. También utilizó un lenguaje despectivo al referirse a las viviendas que construyeron los habitantes de la ex traza como “chozas”.

El conflicto afecta a las viviendas que fueron expropiadas durante la dictadura para construir una autopista, que nunca se hizo. Las viviendas de-socupadas fueron habitadas por familias que las ocupan hasta la actualidad. Ahora, el gobierno porteño pretende desalojarlos para destinar el lugar a un emprendimiento inmobiliario privado.

“El jefe de Gobierno siempre se refirió a no-sotros en forma peyorativa, para él somos vendedores de drogas y promotores de la delincuencia en el barrio”, dijo Lacuesta. “Pero sólo habla así de los vecinos que habitamos el sector 5. Porque ése es el lugar donde quiere hacer el negocio inmobiliario.” El tramo codiciado está entre las calles Donado y Holmberg, desde Avenida de los Incas hasta Congreso. “No nos queda otro camino que denunciarlo. Hay una ley que no respetan, no envían los funcionarios adecuados para discutir las propuestas que presentamos y nos amenazan con desalojos. Y, cuando todo eso no es suficiente, nos difaman públicamente”, se quejó Lacuesta.

Según Natalia Belmont – abogada patrocinante de los vecinos–, “Macri diferenció a los habitantes de la traza de los otros vecinos del barrio: ellos son ocupantes y los otros, dignos inquilinos o propietarios”. Lacuesta desmiente esa suposición: “Mi primer contrato de alquiler data del año 1983. Desde entonces pago todos los meses un canon a la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad”, aseguró.

Para Lubertino, existe una situación más grave aún que la estigmatización. “No sólo se discrimina verbalmente sino también y, sobre todo, con su desentendimiento, como funcionario público, en lo que respecta a la política de vivienda”, reflexionó. Lo esencial, entonces, “es que los desalojos de Macri y su grupo de choque, la UCEP, son ilegales. A nadie se lo puede desalojar sin una orden judicial y, menos aún, sin proveerles antes una vivienda digna”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Sábado 25 de abril de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-123890-2009-04-25.html

El desalojo que discrimina

Una comunidad qom de Formosa fue víctima de un intento de desalojo por parte de la policía. Ahora, el organismo busca evitar que los aborígenes sean echados. Para ello argumenta que son víctimas de discriminación. El cacique fue nombrado miembro del Inadi local.

Después de la represión policial contra una comunidad aborigen de la provincia de Formosa, el Inadi presentó una acción de hábeas corpus y un amparo judicial para impedir nuevos actos de violencia y el desalojo de las más de 4600 personas que habitan en la colonia La Primavera. El viernes pasado, y luego de evaluar la situación de extrema pobreza en la que habita la población qom, el titular del organismo antidiscriminación, Claudio Morgado, realizó las presentaciones ante la Justicia formoseña y nombró al cacique de la comunidad integrante de la delegación local del Inadi para que su sueldo tenga un uso comunitario. “La ley 26.160 (de emergencia territorial) establece que tenemos como gobierno que resguardar el derecho a la libertad ambulatoria y a la propiedad de las tierras indígenas y hasta que no se resuelva el conflicto no se puede trasladar a los tobas a ningún otro lugar”, afirmó Morgado a Página/12.

El conflicto en Formosa es por tierras ancestrales y data de hace años. La colonia La Primavera está ubicada entre Laguna Blanca y Laguna Nainek, a unos 50 kilómetros de Clorinda, en Formosa. Las familias qom son originarias del lugar, pero como sucede con la mayoría de los pueblos aborígenes en Argentina, no tienen título de propiedad.

El Congreso Nacional, en diciembre de 2009, prorrogó por otros tres años (hasta 2013) la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. El objetivo de la ley 26.160 es que en ese plazo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realice un relevamiento técnico y jurídico catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas por los pueblos originarios. Según la norma, durante la emergencia quedan suspendidos las sentencias o los actos procesales y administrativos tendientes al desalojo o la desocupación de las tierras.

De todas maneras, la colonia La Primavera recibió infinidad de intimaciones para que le devolvieran sus tierras a una familia criolla que dice ser la dueña del lugar. La última fue el 10 de enero pasado: “La policía llegó a las 16 y preguntó si teníamos título de propiedad, pero nadie contestó nada –relató el cacique qom, Félix Díaz, en el blog que tiene la comunidad–. Vinieron con intención de pegarles a los aborígenes y nos expulsaron de nuestras tierras”.

Pese a que el territorio es reclamado por una familia, el conflicto es entre la comunidad toba y la Universidad Nacional de Formosa. “Supuestamente, los Celina le dieron esos terrenos al gobierno de la provincia y éste se los cedió a la Universidad para que pudieran realizar un proyecto”, explicó Morgado. Las tierras más fértiles fueron destinadas a la ampliación del Parque Nacional Río Pilcomayo, rentadas por pools de siembra sojeros y, más recientemente, por la Universidad, que está construyendo una sede en el lugar. Sin embargo, el titular del Inadi aclaró que “muchas veces las fuerzas de control comienzan a actuar en forma autónoma, en defensa de intereses privados que van en contra incluso de las políticas gubernamentales”.

El violento desalojo policial del 10 de enero se hizo sin orden judicial alguna. Varias familias fueron echadas por el comisario de Laguna Blanca y el “dueño” de las tierras aborígenes. Además, según los dichos del cacique Díaz, “por la tarde pasaron por mi casa criollos con armas de calibre grueso”.

Unos días después, ante la denuncia de la comunidad qom, Morgado y varios funcionarios del Inadi se trasladaron hasta La Primavera. “La situación de violencia que está viviendo la comunidad se da no sólo por el acoso policial sino también por la falta de alimentación, de asistencia sanitaria y de autonomía, entre otros derechos no respetados”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Martes 19 de enero de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-138695-2010-01-19.html

Otro avance del matrimonio gay

Diputados de distintos bloques expresaron su apoyo al tratamiento del proyecto que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo: Sabbatella, Stolbizer, Vilma Ibara y el titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi.

El debate sobre el proyecto de ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo volvió ayer a ocupar un lugar central en la arena parlamentaria. Al asumir como titular de la Comisión de Legislación General de Diputados, Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social) fijó como tema prioritario en la agenda 2010 la ley que permite el casamiento gay. Durante la jornada, representantes de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) mantuvieron sendas reuniones con los presidentes de distintos bloques de la Cámara de Diputados: “(Martín) Sabbatella y (Margarita) Stolbizer comprometieron el apoyo de todos sus diputados, y (el titular de la bancada oficialista, Agustín) Rossi aseguró los votos de más de la mitad de su bloque y nos ofreció acompañarnos en todo lo que necesitemos. Y la semana que viene tenemos reuniones con (los radicales) Ricardo Alfonsín, (Federico) Storani y Claudia Rucci (Unión PRO)”, confirmó a Página/12 María Rachid, titular de Falgbt.

“Vamos a impulsar la ley para que puedan casarse en igualdad de condiciones personas del mismo o de distinto sexo, con los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades”, aseguró Ibarra, luego de asumir la titularidad de la Comisión de Legislación General del Congreso. En diálogo con Página/12, la diputada por Encuentro Popular y Social basó sus argumentos del porqué de la prioridad parlamentaria para el debate sobre el matrimonio gay en la importancia que el tema cobró a nivel social durante 2009: “Es una discusión que se hizo carne en la ciudadanía, que fue tratado por la Justicia y hasta espera un fallo de la Corte Suprema, y ha quedado sin saldar por los representantes del pueblo”. Porque, según Ibarra, modificar o no el Código Civil, “para equiparar los derechos de homosexuales y heterosexuales, es un deber del Congreso”.

En su discurso de inicio de las reuniones de la Comisión, Vilma Ibarra anunció que la primera semana de marzo comenzarán a debatir el proyecto sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad, será una rediscusión. “El año pasado vinieron especialistas y debatimos en profundidad el tema, pero ahora la mitad de los diputados son nuevos y, como presidenta (de la Comisión de Legislación General), debo darles voz a todos los que se quieran expresar”, dijo Ibarra y agregó: “Volveremos a llamar a especialistas y a reorientar las discusiones, pero espero que para mediados o fines de mayo podamos tener media sanción de Diputados”. Según sus cálculos, “los votos serán favorables”.

De concretarse la media sanción, lo que será modificado en el Código Civil son dos palabras: marido y mujer. Ambas serán reemplazadas por cónyuges o contrayentes. Aunque no en forma explícita, la modificación permitiría la adopción a las parejas homosexuales. “Así, por ejemplo, los hijos de parejas del mismo sexo dejarán de ser hijos de segunda y podrán reclamar que sus padres les pasen la manutención. También podrán heredar”, dijo la diputada.

En pos de lograr la igualdad de derechos, Rachid y el secretario de Falgbt, Martín Canevaro, mantuvieron ayer reuniones con distintos diputados. “Con Sabbatella e Ibarra nos encontramos a la mañana y su compromiso fue total –admitió Rachid, luego de la charla–. Ofrecieron acompañarnos en todas las actividades que hagamos para instalar el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y aseguraron el voto de todo su bloque para la modificación del Código (Civil).”

“Es fundamental que se termine con el actual desamparo legal que discrimina a las parejas del mismo sexo, privándolas de la protección del Estado”, señaló Sabbatella. “No es sólo una preocupación de las organizaciones que representan a la comunidad homosexual, es una deuda que tiene el Estado y que hace a la igualdad de derechos entre todos y todas”, agregó.

Los integrantes del bloque de Sabbatella (Nuevo Encuentro) y de Ibarra (Encuentro Popular y Social) también se comprometieron a integrar e impulsar el Frente por la Igualdad de Derechos, que, además del matrimonio, promueve el derecho a autorizar la adopción conjunta para familias formadas por personas del mismo sexo y la modificación de la actual Ley Antidiscriminatoria para incluir la protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre otros aspectos. Por la tarde, “nos reunimos con Rossi (del bloque Frente para la Victoria) y nos aseguró la mitad de los votos de los diputados de su bloque”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Viernes 19 de febrero de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-140625-2010-02-19.html

Una cruzada contra el matrimonio gay

Dos obispos y la Universidad Católica Argentina salieron a rechazar la boda de Alex Freyre y José María Di Bello. Un abogado católico amenazó con un juicio político a la gobernadora de Tierra del Fuego. Las respuestas de la Federación de Lesbianas y Gays.

Dos días después de que Alex Freyre y José María Di Bello contrajeran matrimonio, dos obispos (uno de Río Gallegos y otro de Tucumán) y la Universidad Católica Argentina (UCA) expresaron su descontento por la celebración del primer casamiento entre parejas del mismo sexo en el país. “El respeto a estas personas no implica legalizar sus actos”, dijo el prelado fueguino Juan Carlos Romanín y exhortó a “pensar en las generaciones venideras, como los niños, que crecerán pensando que esta conducta homosexual es natural, especialmente si lo hacen en un hogar homosexual”. Consultada por Página/12, María Rachid –presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt)– sostuvo que “es sólo la opinión de una institución que históricamente se ha equivocado en materia de derechos humanos y después debe pedir perdón. Quizá dentro de 500 años nos lo pidan a nosotros”.

El obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, rechazó ayer el primer casamiento entre perso- nas del mismo sexo realizado en Ushuaia –ciudad sobre la que tiene jurisdicción ese Obispado–, al advertir que “una unión homosexual cambiaría radicalmente lo que hoy entendemos por familia”. Romanín emitió un comunicado que difundió la agencia católica Aica tras la formalización de la unión entre Freyre y Di Bello, que fue posible tras un decreto de la gobernadora fueguina, Fabiana Ríos.

El prelado opinó además que “el no reconocer las uniones homosexuales no deja de lado todos los derechos que la sociedad le reconoce a cada uno de esos individuos, por lo que es falso que se diga que tienen menos derechos civiles que otros”. Rachid señaló que “sí existe un derecho fundamental no reconocido al impedirnos acceder al matrimonio: el derecho a la igualdad de trato y oportunidades, indispensable para trabajar por la igualdad social y luchar contra la discriminación y la violencia que padece en el país nuestra comunidad”.

Pese a que Di Bello y Freyre pidieron turno para casarse en abril y la campaña por el matrimonio gay lleva casi tres años, Romanín criticó el “poco tiempo” para el debate. “Llama la atención que no se haya permitido dar un debate prolongado y profundo sobre una cuestión de tamaña trascendencia y, en cambio, se haya hecho todo silenciosa y sorpresivamente”, se quejó el representante de la Iglesia fueguina.

Ayer, una pareja homosexual tucumana fue a asesorarse al Inadi para seguir el camino abierto por los porteños Freyre y Di Bello. La noticia generó la inmediata reacción de grupos católicos, quienes advirtieron que presentarán acciones judiciales para impedir la boda. Así lo anunció Liborio Randizzi, párroco de la iglesia tucumana de La Merced: “Tenemos que defender la institución matrimonial, porque ése es un derecho natural del hombre y la mujer y también un sacramento consagrado como es el matrimonio”, sostuvo el sacerdote (ver aparte).

Esgrimiendo una línea argumental muy similar, la Facultad de Derecho de la UCA consideró ayer que el matrimonio entre personas del mismo sexo es “nulo de nulidad absoluta” y criticó a la gobernadora de Tierra del Fuego por autorizarlo. La institución sostuvo que es “una clara violación de las más elementales normas y principios constitucionales vigentes en nuestro país”.

Asimismo, la UCA manifestó “estupor” por lo que estimó como un nuevo avasallamiento del orden público establecido en el ordenamiento jurídico argentino y advirtió que se trata de “una nueva maniobra ‘jurídico-política’ en fraude a la ley argentina vigente”. En este sentido, dijo que la ley “establece clara e imperativamente que el matrimonio es la unión estable y permanente entre un hombre y una mujer, con el fin de fundar una familia y por tanto abierta al don de la transmisión de la vida”.

En tanto, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, dijo que Ríos incurrió en “un nuevo avasallamiento” de la Justicia al autorizar el matrimonio gay. Rizzo reclamó una investigación para determinar si la gobernadora “es pasible de juicio político por inmiscuirse en cuestiones exclusivas del Poder Judicial”.

De todas maneras, “es muy difícil que alguien pueda negar que dos personas que se aman y quieran compartir un proyecto en común tengan o no tengan hijos, sean una familia: nuestras familias ya existen, lo que hace este avance en los derechos civiles es reconocer su existencia”, dijo Rachid. “La Iglesia es una institución que se ha opuesto históricamente a los avances en los derechos que tienen que ver con la felicidad de las personas, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es la excepción”, destacó.

Informe: Mariana Seghezzo.

Jueves 31 de diciembre de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-137870-2009-12-31.html

La discriminación que también mata

Por Mariana Seghezzo

Natalia Gaitán tenía 27 años. Vivía en un barrio pobre de las afueras de la ciudad de Córdoba, trabajaba en un comedor popular alimentando a sus vecinos y estaba en pareja con una joven una década menor que ella. El sábado pasado fue fusilada a poco menos de cien metros de su casa. Por el crimen está acusado el padrastro de su novia. Ayer a la tarde, en un estado de descomposición muy avanzado, sus familiares enterraron sus restos en un cementerio local. Desde el domingo, el hombre está preso y, el lunes, el arma homicida fue secuestrada.

“No fue algo pasional ni algo loco, fue un crimen de género lisa y llanamente”, dijo con voz ronca Graciela Vázquez de Gaitán, la mamá de Natalia. Entre dolor y enojo, la mujer explicó que durante años su hija sufrió distintos maltratos y marginaciones debido a su condición sexual. “Estábamos acostumbrados a la discriminación, pero nunca nos esperamos que una bestia pudiera cometer semejante horror”, relató Vázquez y, después, repitió tres veces: “La mató como a un perro”.

El asesinato de Natalia fue un fusilamiento. Desde hacía poco más de un año, la joven y una chica de 16 años mantenían una relación amorosa. El barrio Parque Liceo 2ª Sección –un vecindario humilde de la periferia cordobesa–, las había encontrado y las mantuvo juntas pese a las adversidades sociales y las oposiciones familiares. “A diferencia del entorno de Natalia, la mamá de su novia no quería que estuvieran juntas, y parece que el padrastro mucho menos”, contó a Página/12 Natalia Milisenda, abogada del colectivo Encuentro por la Diversidad de Córdoba.

El sábado, cerca de las 19.30, Daniel Flores –según sostiene la familia de Natalia– disparó su escopeta calibre 16 a menos de un metro y medio de la mujer y, después, entró en su casa sin apuro. Durante los últimos cuatro meses, las chicas habían convivido en una precaria vivienda, ubicada a unos 100 metros del lugar del crimen. “Al tipo no le gustó nada que la hija de su mujer abandonara el supuesto hogar familiar y se fuera a vivir con una chica, entonces, la fue a buscar y se la llevó”, aseguró Milisenda.

Con un disparo en el hombro y sangre por doquier, Natalia esperó sobre la calle más de una hora hasta que llegara la ambulancia. Después de que Flores tomara por la fuerza a la novia de Natalia y la obligara a dejar la vivienda que compartía con Natalia, una amiga de la pareja fue hasta la casa en la que vivía la familia de la menor “con la intención de hablar con la mamá de la chica y explicarle el cariño que tenían entre sí las jóvenes”. Pero, según Milisenda, “cuando la chica empezó a tardar, Natalia se asustó y la fue a buscar. En el lugar, la víctima discutió con la progenitora de su pareja y, poco después de que Natalia se marchara, a plena luz del día, Flores salió del patio, buscó su arma y la hirió de gravedad”.

Natalia murió el domingo a la madrugada en un hospital zonal. Graciela Vázquez de Gaitán recibió el cuerpo de su hija recién el lunes a la noche y en estado de descomposición avanzado. La explicación: la morgue judicial de la ciudad de Córdoba no cuenta con la refrigeración adecuada para una buena conservación. “El crimen se perpetuó en una situación social muy difícil –explicó la abogada–. Durante su vida y, al momento del hecho, a estas chicas se les cruzaron tres condiciones muy excluyentes de la sociedad: eran mujeres, lesbianas y pobres.”

“Resulta paradójico que en horas en que conmemoramos la lucha por la igualdad que las mujeres llevamos adelante en todo el mundo, un crimen de esta envergadura nos recuerde cuánto falta por construir en esta materia”, advirtió ayer María Rachid, titular de la Falgbt, y agregó: “Cuán expuestas estamos aún las mujeres a las expresiones más brutales de la violencia y la desigualdad”.

Miércoles 10 de marzo de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-141724-2010-03-10.html

Las catástrofes invisibles

La representante argentina de MSF señala que “en 2008 se agravaron los ataques deliberados contra las organizaciones humanitarias, obligando a suspender operaciones”.

El 15 de enero último, la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) presentó en España un informe en el que se exponen las catástrofes humanitarias de 2008 que menos repercusión tuvieron en la comunidad internacional. Los desplazamientos masivos de población civil por la violencia y necesidades médicas sin atender en la República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Irak, Sudán, Etiopía y Pakistán, junto a problemas sanitarios y médicos en Myanmar y Zimbabwe y la constante crisis de desnutrición en Haití, Bangladesh o Costa de Marfil, son las emergencias más graves registradas el año pasado en el mundo según el documento Las diez crisis humanitarias más desatendidas de 2008. Asimismo, la investigación denuncia los serios inconvenientes que, tanto médicos como personal de la organización, sufren a la hora de atender los conflictos. En tal sentido, según Laura Calogne –representante argentina de MSF–, durante el último año “se agravaron los ataques deliberados contra las organizaciones humanitarias, obligando a suspender las operaciones en distintos rincones del mundo”.

Como explica el informe de MSF, el objetivo fundamental al mostrar y denunciar públicamente ciertos conflictos humanitarios que poseen poca o nula visibilidad mundial, “es una forma de ejercer presión sobre los políticos y otros actores con capacidad de acción”. De hecho, para Calogne, “estas poblaciones necesitan no sólo asistencia médica, sino que su situación se conozca y a menudo nos piden que les ayudemos a contar su historia al mundo exterior”. Básicamente, la lista de emergencias (médicas, alimentarias o de violencia) presentadas en el informe derivó de la experiencia operacional de MSF y de las crisis en las cuales los equipos en el terreno fueron testigos directos.

Según el documento, en el mundo cerca de 20 millones de niños padecen desnutrición aguda severa. Sin embargo, sólo un 3 por ciento de ellos reciben el tratamiento que les puede salvar la vida: Alimentos Terapéuticos Listos para Usar (RUTF). Una de las conclusiones a las que arribó el informe, es que “aunque para combatir el hambre es necesario tener acceso a alimentos en cantidades suficientes, para frenar la desnutrición también hay que garantizar alimentos de calidad nutricional”. No obstante, en Haití, Bangladesh o Costa de Marfil las cifras son impactantes: en el último año cerca de 300 mil niños fueron atendidos por MSF por desnutrición. A veces, sin embargo, son los propios estados nacionales quienes obstaculizan la lucha: “en Níger, en 2008, el gobierno obligó a MSF a poner fin a su programa nutricional infantil en la región de Maradi”.

Asimismo, en lugares como Myanmar y Zimbabwe –donde los gobiernos no priorizan la atención sanitaria o ven como una amenaza la presencia de ONG–, las organizaciones humanitarias se encuentran obligadas a limitar el tipo de asistencia prestada o deben hacer frente a serias crisis sanitarias. Según el informe, por ejemplo, “en Myanmar, cientos de miles de personas mueren innecesariamente debido a la falta de tratamiento –de enfermedades como tuberculosis, sida o malaria–, mientras que el gobierno apenas hace nada para ayudar a su propia población y los donantes internacionales miran para otro lado”. De hecho, en 2007, el gasto gubernamental del país asiático en el sistema de salud fue de 50 centavos de euro por persona y la ayuda humanitaria internacional apenas superó los 2 dólares.

Por otro lado, los conflictos de violencia en Somalia y la RDC son de larga duración: durante más de 15 años se registraron enfrentamientos armados. Sin embargo, según el documento de MSF, en 2008 ambos países experimentaron graves recrudecimientos de violencia, que obligaron a miles de personas a huir de sus casas: “Sin acceso a atención sanitaria, comida, agua o refugio”. Al igual que Sudán, los territorios africanos siguen siendo escenario de dos emergencias: “La desnutrición y las enfermedades prevenibles y tratables como la malaria, el sarampión o la meningitis”.

Según el documento, el apoyo humanitario también es urgente para las poblaciones “atrapadas por los enfrentamientos entre ejército y grupos rebeldes en Etiopía, donde la falta de asistencia es flagrante y se han registrado preocupantes tasas de desnutrición”. Asimismo, en Irak, por ejemplo, “la debilidad del sistema sanitario impide que los heridos por los bombardeos y la violencia sectaria reciban una atención rápida y eficaz”.

No obstante, para Calonge, contextos como el iraquí, el paquistaní o el somalí “ilustran además que el espacio para una ayuda humanitaria independiente, imparcial y neutral es cada vez más reducido”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Domingo 18 de enero de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-118462-2009-01-18.html